EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DA LA RAZÓN A ALTERNATIVASINDICAL
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DA LA RAZÓN A ALTERNATIVASINDICAL HA DADO LA RAZÓN AL SINDICATO ALTERNATIVASINDICAL Y ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de
servicios de “SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DIVERSAS SEDES Y CENTROS
ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL.
El recurso del sindicato se basa en la omisión de incrementos salariales
en el recurso, presentado por el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno en representación del sindicato, donde se alega que los cálculos del presupuesto base del contrato solo contemplan las retribuciones fijadas en las tablas salariales del año 2025, sin tener en cuenta los incrementos pactados para los años posteriores. De hecho, para 2026 el convenio colectivo del sector de vigilancia privada establece el aumento salarial aprobado del 3%, mientras que los costes generales de servicio deberán incrementarse un 4% en base al porcentaje de gastos generales.
En esta línea, el recurso señala que, en los casos de licitación de este tipo de servicios, «los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado y en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación del servicio».
Concretamente, se estima que no se ajusta a la legalidad el presupuesto base de licitación dado que no se ha contemplado en el estudio económico el incremento de costes salariales que, de forma cierta, se va a producir durante la ejecución del contrato teniendo en cuenta que el contrato ordinario tendrá una duración de 12 meses más una prórroga de 48 meses adicionales».
En el comunicado, fuentes de Alternativa Sindical advierten que «estas omisiones en la previsión de ingresos podrían provocar que las empresas licitaran con gran riesgo de pérdidas a futuro, por lo que finalmente serían los trabajadores los que sufrirían el impago de sus salarios ante la falta solvencia de la empresa que resultara adjudicataria».