El sector de la vigilancia privada ha vivido un episodio triste que afortunadamente ha tenido un final feliz, pero que salpica directamente a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Los hechos, que el sindicato califica de «escandalosos e inhumanos», ocurrieron el pasado 13 de marzo de 2026 cuando un vigilante de seguridad, en pleno ejercicio de sus funciones en las instalaciones de la red de metro comenzó a sufrir síntomas evidentes de un infarto de miocardio. El binomio (pareja) del vigilante de seguridad llamó al coordinador de seguridad del puesto de mando de FGV advirtiéndole que su compañero ha caído desplomado al suelo y que tiene síntomas de infarto, para que solicite urgentemente asistencia sanitaria.
El coordinador le responde que llamar una ambulancia no entra dentro de sus funciones y que lo haga él si quiere, en una clara «omisión de socorro». El compañero llama al 061, y mientras que llegaba el SAMU, le practica masajes cardiacos, consiguiendo reanimarlo, y comunicándole el médico que atendió a su compañero que gracias a su rápida intervención y conocimientos, al ser diplomado como sanitario, pudo salvarle la vida a su compañero.
Desde Alternativa Sindical, su portavoz Alberto García reconoce que «nos sentimos orgullosos de la profesionalidad, intervención y compañerismo, hasta el punto de lograr salvar la vida de una persona, un compañero vigilante de seguridad y afiliado nuestro».
El sindicato califica de «negligencia gravísima la actuación del coordinador de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que presuntamente no activó los protocolos de emergencia mientras el vigilante de seguridad sufría un episodio cardíaco agudo, que de no ser por la rápida intervención de su binomio le habría costado la vida».
Por ello, la Federación Valenciana de Alternativa Sindical, ha interpuesto una denuncia formal ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada (UTSP) de la Policía Nacional de Valencia contra el coordinador de seguridad de FGV por una presunta omisión del deber de auxilio, ya que según consta en la denuncia, el coordinador de seguridad responsable del servicio en ese momento, a pesar de ser plenamente consciente de la situación de urgencia vital, y no prestar el auxilio necesario ni gestionar con la debida celeridad la asistencia médica requerida.
Una vulneración muy grave de la Ley de Seguridad Privada
Desde la Federación Valenciana de Alternativa Sindical señalan que «esta conducta no solo es moralmente reprobable, sino que constituye una infracción administrativa de carácter grave según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. En concreto, el sindicato fundamenta su denuncia en el Artículo 58.1, que exige profesionalidad y diligencia en el cumplimiento de las funciones y el Artículo 58.2.c), que tipifica como infracción grave la negativa a prestar auxilio o colaboración en casos de emergencia».
El propio Alberto García tacha de «inadmisible que quien debe coordinar la seguridad en una infraestructura pública de esta magnitud dé la espalda a un trabajador cuya vida está en riesgo». Y añade: «No estamos solo ante un incumplimiento de protocolo, sino ante una vulneración del derecho más básico: el derecho a la vida y a la integridad física. El coordinador tiene una posición de garante sobre el personal operativo y, en este caso, esa garantía brilló por su ausencia».
Exigencia de responsabilidades y depuración de protocolos
Desde la Federación Valenciana de Alternativa Sindical han solicitado a la Unidad Territorial de Seguridad Privada que abra una investigación exhaustiva, solicitando el registro de las grabaciones del Puesto de Mando y las comunicaciones para determinar el grado de responsabilidad del denunciado.
Asimismo, el sindicato insta a la dirección de FGV a que revise de inmediato sus protocolos de actuación interna y depure responsabilidades de forma ejemplarizante. «Un vigilante de seguridad protege cada día a miles de ciudadanos; lo mínimo que merece es que, cuando es él quien está al borde de la muerte, su coordinación actúe con la misma celeridad que se le exige a él.
Igualmente, la organización sindical no descarta elevar este caso a la vía penal si las diligencias administrativas confirman que hubo una intención deliberada de no prestar el auxilio necesario, dadas las posibles secuelas físicas que este retraso en la asistencia haya podido causar al trabajador afectado.