
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado una serie de incumplimientos laborales cometidos por la empresa Protección Seguridad y Vigilancia Para Uso Industrial (PSV), adjudicataria de servicios de seguridad en varios centros sanitarios públicos de Canarias.
Según apuntan desde el sindicato, alrededor de 60 trabajadores continúan sin haber cobrado sus salarios a día de hoy, una situación que afecta a vigilantes destinados en distintos centros de salud de Atención Primaria, así como en el Hospital Juan Carlos I, San Roque de Guía y la Clínica del Pino.
La organización sindical sostiene que el convenio colectivo estatal de seguridad privada establece plazos concretos para el abono de las nóminas dentro de los primeros días de cada mes. En este sentido, considera especialmente grave que la empresa haya optado por realizar transferencias ordinarias sin garantizar que los importes estuvieran disponibles para los empleados dentro del plazo previstos y según estipula la Ley.
Igualmente, Alternativa Sindical denuncia que PSV Seguridad habría eliminado de forma unilateral el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias, sin abrir el periodo de consultas exigido legalmente ni seguir el procedimiento correspondiente para modificar las condiciones laborales de la plantilla.
Otro de los aspectos señalados por el sindicato es el retraso en el pago de anticipos salariales solicitados durante el pasado mes de abril. Según indican, dichos anticipos fueron abonados con una demora muy superior a la contemplada en el convenio colectivo, provocando perjuicios económicos directos a numerosos trabajadores.
Alberto García, portavoz nacional de Alternativa Sindical recuerda que «el cumplimiento puntual de las obligaciones salariales no es una opción empresarial, sino una obligación legal y convencional”. Y añade: «Por ello, exigimos tanto a la Gerencia de Atención Primaria como al Gobierno de Canarias, responsable de la contratación de los servicios de seguridad privada, que investiguen los hechos denunciados y adopten medidas para restablecer los derechos laborales de los empleados afectados».
