El Ministerio de Interior, atascado en las prisiones: la Guardia Civil lleva 6 meses parcheando la seguridad
Marlaska fracasa nuevamente en su último concurso, al desistir las dos únicas ofertas de las empresas SICOR ( El Corte Inglés ) y SECOEX, para tratar de cubrir la vigilancia de una veintena de centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha
El Ministerio del Interior no consigue solucionar el problema de la vigilancia de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Meses después de que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ordenara a la Guardia Civil sustituir a los vigilantes privados de Ombuds —que habían tenido que marcharse por la quiebra de la empresa—, sigue sin haber compañía de seguridad alguna que se haga cargo del servicio en una veintena de centros penitenciarios de estas tres comunidades autónomas.
Poco más de medio centenar de guardias civiles, por lo tanto, llevan seis meses haciendo la labor que antes llevaban a cabo medio millar de vigilantes de Ombuds en las mencionadas prisiones. Según Alberto García, Portavoz de alternativasindical, buena culpa de ello junto al Ministro Marlasca, la tienen los sindicatos UGT y CCOO quienes aguantaron lo indecible, mintiendo incluso a los vigilantes en soluciones con los bancos que nunca se dieron para salvar a OMBUDS, motivo por el cual y pese a que alternativasindical solicitó e instó al Ministerio de Interior la reducción del contrato antes de la quiebra, está nunca se llevó a cabo por la connivencia de UGT y CCOO más a favor de apoyar a la Familia Cortina, para entonces dueña de la extinta OMBUDS.
Por ello y ahora todos estos Guardia Civiles se han trasladado hasta las instalaciones —sobre todo a las de Madrid— en comisión de servicio procedentes de unidades de seguridad ciudadana de otra región, por lo que cada mes se embolsan entre 1.600 y 1.800 euros en concepto de dietas, dinero que se suma a su sueldo habitual. El montante que resulta de sumar las cantidades que ingresan por este concepto todos estos funcionarios destinados a las prisiones lo abona todos los meses desde el pasado enero la Dirección General de la Guardia Civil.
La vigilancia en todas las prisiones, por lo tanto, se ha reducido considerablemente en las tres comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha y Extremadura, de hecho, ni siquiera han venido guardias civiles de otras regiones, como ha ocurrido en las prisiones de la Comunidad de Madrid. Los puestos que han dejado libres los vigilantes de Ombuds han sido cubiertos por funcionarios de la benemérita de unidades de esas dos zonas o simplemente no han sido ocupados con nadie más allá del personal que ya prestaba servicio en la instalación, que ha reestructurado sus turnos.
El problema de fondo es que Ombuds cerró con una enorme mochila en forma de deuda que ahora deberá asumir la empresa de seguridad que la sustituya. La cantidad es tan alta que ninguna mercantil se presentó al concurso que el pasado diciembre abrió la Secretaría de Estado de Seguridad, que tuvo que declarar desierta la licitación. Nadie parece, por lo tanto, dispuesto a cargar con las obligaciones de otro.
Desde el Ministerio del Interior, todos los concursos hasta ahora se están sacando a bajo precio, lo que no lo hace atractivo para las sociedades del sector.
