AFÍLIATE

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A UGT, CCOO, USO y CSIF, como al actual Gobierno parece no importarle los 800 puestos de trabajo que se perderán una vez anunciada la medida de devolver la seguridad exterior de las prisiones a la Guardia Civil. Parece que al ejecutivo de Pedro Sánchez se le ha olvidado que muchos de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en las prisiones provienen de un pacto por el que el anterior gobierno de Rajoy pretendió garantizar los puestos de trabajo de muchos de los escoltas que prestaban servicio de protección de personas en Euskadi y Navarra, y con esta medida recolocarlos en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios. Casi un centenar de escoltas fueron los que se reciclaron y pudieron pasar a prestar servicios en los centros penitenciarios y ahora el gobierno de España, donde militan senadores que fueron escoltados durante muchos años vuelven a darle la espalda en su “plan de despidos colectivos”.

El plan avanzado por parte del Secretario General de Instituciones Penitenciarias con el fin de sustituir los vigilantes de seguridad por agentes de la Guardia Civil supondrá la pérdida de 800 puestos de trabajo de personal cualificado por agentes que tendrán que formarse en dichas tareas, pues los que anteriormente las desarrollaban ocupan nuevos destinos desde hace años.
Así las cosas, durante el día de ayer, El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, avanzó esta decisión mediante comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso. El plan para sustituir a vigilantes de seguridad por guardias civiles en las prisiones después de la valoración positiva realizada por el ministerio del Interior desde el año 2016, no puede más que obedecer a presiones políticas y estrategias electorales, que nada tienen que ver con la seguridad o rendimiento que estos profesionales de seguridad privada vienen ofreciendo en los centros penitenciarios. Desde alternativasindical exigimos que el gobierno de marcha atrás en sus intenciones y que los distintos partidos políticos se opongan a una eliminación de empleo sin sentido, que tampoco supondrá un aumento en las plazas de opositores del Instituto Armado, como ya se ha comprobado cuando sí estaba estos centros a cargo de este colectivo.

Las 67 prisiones que existen en toda la geografía española que cuentan hasta ahora con vigilantes de seguridad privada para llevar a cabo labores que hace años eran función exclusiva de la Guardia Civil, como el control de la sala monitores o el de los accesos a los recintos penitenciarios ha sido todo un éxito, y un aumento en el empleo en un sector a la baja de casi 1.000 trabajadores.

De llevarse a cabo, la mayor parte de la formación para estas funciones tan especificas, la tendrían que realizar los propios vigilantes a los Guardias Civiles antes de abandonar los centros, ya que es la única forma de aprender los protocolos y tareas específicas propias de su nueva labor.

Ya en en el año 2016, cuando se llevó a cabo esta medida, tanto el gobierno como el Instituto Armado afirmaron que la sustitución de estos por vigilantes no conllevaría ni a la postre conllevó, la reducción de la plantilla de guardias civiles, por lo que podemos afirmar que esto solo obedece a presiones de los sindicatos de clase y de funcionarios como son UGT, CCOO y CSIF que llevan años reclamando la salida del colectivo de vigilantes de seguridad de cualquier espacio público.

Alberto Garcia Martínez
Coordinador Nacional de Comunicación de alternativasindical