La Federación Madrileña de alternativasindical ha presentado hoy escrito ante la junta consultiva de contratación de la Comunidad de Madrid, denunciando que tanto las empresas SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA Y OMBUDS ya que a nuestro entender, dichas empresas transgreden las medidas sociales aprobadas y publicadas el día 9-11-2017 en el BOE sobre la Ley 9/2017, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
Dicha Ley como muchos sabréis, dota de garantías y obligaciones a las administraciones y empresas contratadas a tal fin de que prevalezca los convenios sectoriales por los de empresas. Si bien y en principio dichas empresas podemos entender que se encuentran dentro del marco del convenio sectorial, no es menos cierto que las mismas han venido demostrando la nula voluntad por cumplir con lo establecido en el Convenio Estatal y por los tribunales de justicia, rebajando los salarios de los trabajadores en Metro, mediante la supresión de complementos, con retrasos injustificados en los pagos de salarios estipulados en el convenio sectorial y creando por tanto, innumerables conflictos laborales a los clientes de la Administración.
Es por ello, pensamos que dicha conducta no puede estar sujeta al simple manifiesto de ambas la Empresas de estar amparada en un convenio sectorial que a todas luces no cumplen.
A fecha de hoy poner demandas en el juzgado y manifestaciones en los centros de trabajo es desgraciadamente la tónica habitual con estas empresas, y es la única garantía para poder cobrar lo establecido en el convenio estatal por parte de los trabajadores.
Por todo lo anterior solicitamos en el escrito ante el órgano consultivo, que tengan en consideración los antecedentes de ambas empresas en Metro de Madrid, y se descalifique de las ofertas a estas empresas, o bien, exijan desde el inicio el cumplimiento íntegro del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad, bajo el apercibimiento de la rescisión del contrato, todo ello en aras a salvaguardar los derechos a los trabajadores de seguridad allí adscritos y como garante de la Legislación Vigente.
Adjuntamos escrito ante la junta consultiva de la Comunidad de Madrid
