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La situación que se vive en Ceuta pibe aun más en riesgo la seguridad de los vigilantes de ahí que Alternativa Sindical haya presentado un escrito urgente ante la Secretaría de Estado de Seguridad y ante la comisión de interior del congreso de los Diputados para denunciar la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del artículo 15 de la Constitución Española.

​No es un tema nuevo la demanda de otorgar la consideración de agentes de la autoridad para los vigilantes de seguridad, algo que se ha agravado más si cabe, dada la situación que vienen sufriendo los vigilantes por la más que preocupante situación que se lleva viviendo en Ceuta desde hace unos meses.

Por ello, Alternativa Sindical de trabajadores de Seguridad Privada, a través de su portavoz nacional Alberto García, han presentado una solicitud formal y de máxima urgencia ante la Secretaría de Estado de Seguridad e informado a la comisión de interior del Congreso de los Diputados para exigir medidas drásticas e inmediatas que garanticen la seguridad física del personal de seguridad privada adscrito a servicios críticos e instalaciones sensibles en la Ciudad Autónoma de Ceuta, como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

​Desde la organización sindical se denuncia que «la participación de los vigilantes de seguridad en intervenciones de contención y control de masas, colaborando directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), se está llevando a cabo sin la indumentaria defensiva adecuada» señala Alberto García, portavoz nacional del mencionado sindicato, quien añade que «esta situación supone un riesgo desproporcionado e inaceptable que contraviene flagrantemente la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, e incurre en una vulneración directa del derecho fundamental a la vida y a la integridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española».

En Ceuta, a día de hoy, la mayoría de servicios son esenciales de ahí que las grandes multinacionales del sector de la seguridad privada hayan comenzado a enviar personal desde la península. No obstante, las firmas de alimentación y distribución, entidades financieras y muchos sectores estratégicos han tenido que reforzar sustancialmente la seguridad.

El Gobierno ceutí ha hecho lo propio destinando vigilantes de seguridad en ocho playas con el fin de proteger el mobiliario y servicios municipales. Igualmente están siendo protegidos por parte de la seguridad privada los 35 centros educativos, incluyendo los concertados, de la ciudad.

​Ante la gravedad de los hechos y la alta conflictividad que se registra en el entorno de la ciudad Autónoma, Alternativa Sindical ha formalizado las siguientes peticiones a la Secretaría de Estado de Seguridad:

​1. Dotación urgente de medios de protección individuales reforzados: Dictar de forma inmediata las resoluciones necesarias para exigir a las empresas adjudicatarias el suministro obligatorio de chalecos antibalas, antipunzón y anticorte, cascos antidisturbios, guantes anticorte y escudos de protección para todo el personal desplegado.

2.​ Directrices operativas y cobertura táctica de las FCSE: Impartir instrucciones unificadas a la Comandancia de la Guardia Civil y a la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para delimitar claramente el marco de actuación de la seguridad privada, garantizando en todo momento su respaldo y cobertura táctica por parte de las unidades antidisturbios de las FCSE.

3.​ Pliegos de contratación vinculantes: Impostación de cláusulas obligatorias en todas las licitaciones públicas del Ministerio del Interior que obliguen a las empresas de seguridad a equipar adecuadamente a sus plantillas en escenarios de alta conflictividad.

​4. Protección jurídica de Agente de la Autoridad: Ante la situación de excepcionalidad, dictar una resolución o directiva de urgencia que otorgue de forma provisional la consideración legal de agente de la autoridad a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en Ceuta durante el desempeño de sus funciones, dotándoles de la máxima protección jurídica ante las agresiones que sufren o pueden sufrir a futuro.

​De esta forma, Alternativa Sindical advierte «que no tolerará que se siga exponiendo la vida de los trabajadores en intervenciones de alto riesgo sin las garantías jurídicas y operativas ni el material de protección indispensables, y apunta que mantendrá las acciones necesarias hasta que la Administración adopte las medidas correctoras», finalizó el portavoz nacional del sindicato.