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La quiebra de Ombuds a quien nadie puso remedio pese a la solicitud del sindicato alternativa sindical a la extinción del contrato allá por el mes de junio, ha dejado sin vigilancia exterior los centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La seguridad privada de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura se enfrenta al Expediente de regulación de empleo de los casi 500 vigilantes que prestaban servicio en las mismas. Así lo ha informado hoy la Administración Concursal de OMBUDS a los vigilantes que dejaron su trabajo el pasado 31 de diciembre, tras la finalización del contrato que su empresa mantenía con la Administración.
La ausencia de otra empresa se extenderá al menos hasta el próximo mes de marzo cuando salga a concurso público la responsabilidad de la seguridad en estas cárceles de estas Comunidades Autónomas, y hasta el momento los casi 500 vigilantes verán extinguido sus contratos.

La quiebra de Ombuds, la empresa encargada de la vigilancia exterior de 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, y la negativa de otras empresas a hacerse cargo de esta labor ha causado que Grande-Marlaska decida enviar a 240 policías y guardias civiles a cubrir los puestos de trabajo de los vigilantes. El problema es que estos efectivos llegarán a partir del 15 de enero.
La mala situación de la empresa, que entró en concurso de acreedores el pasado julio, propició que el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska tomase la decisión de enviar a un total de 240 guardias civiles y policías a cubrir los puestos de trabajo que Ombuds no puede asegurar. Alternativasindical ya ha tramitado más de mil expedientes al FOGASA y ha demandado entre otras empresas a ILUNION por responsabilidad solidaria de la deuda que deberán de asumir con respecto a los trabajadores que se han visto envueltos en este Concurso con motivos de diferentes subrogaciones.

Otros de los centros comprometidos y a los que también alternativasindical solicitó en junio la rescisión de los contratos fue Metro dé Madrid y Empresa Municipal de Transportes que como ya ha sucedido en Prisiones podrían verse desprovistos de seguridad privada en los próximos días dado que ninguna empresa de seguridad quiere asumir los costes de seguridad social y laboral que ha dejado la empresa OMBUDS.

 

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Alberto García Martinez
Coordinador de comunicación de alternativasindical Madrid