Los vigilantes de Metro de Madrid reclaman a través del sindicato profesional mayoritario de seguridad privada medios de protección física para protegerse del aumento de agresiones que han sufrido en estos últimos años. Al acto del juicio comparece como demandado la empresa publica Metro de Madrid y cuatro empresas de seguridad concesionarias del servicio ( TRABLISA, ILUNION, OMBUDS Y SEGURISA ) toda vez que se denuncia una clara vulneración de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales con el colectivo.
Los vigilantes constantemente vienen sufriendo con ocasión de su trabajo. Desde febrero de 2017, la fecha en la que entró en vigor el Protocolo de Prevención y Actuaciones frente a las Agresiones Externas en el Gobierno regional y empezaron a contabilizarse este tipo de casos, se han excluido de ello al personal de seguridad, demostrando un ocultismo y una opacidad palmaria ante un hecho que en muchas ocasiones no se hace o no interesa hacerse público por Metro de Madrid.
Entre estos últimos incidentes, se ha incrementado agresiones por grafitis o bandas latinas, y en el trabajo más habitual la razón fue que el viajero pasó los tornos del Metro sin validar el billete o resultó sorprendido in fraganti al intentar colarse. Otros riesgos y agresiones provienen de delincuentes comunes como carteristas etc.
El principal damnificado por este tipo de actos violentos es el colectivo del personal de seguridad privada, que es la primera línea de protección de los bienes y personas en las instalaciones, seguido del del personal de estaciones y los maquinistas. Precisamente uno de los incidentes registrados más recientemente ha sido el del vigilante que fue intimidado por un grupo de 15 jóvenes encapuchados cuyo objeto era pintar el tren.
Resulta lamentable que la empresa Metro de Madrid se oponga y no exija el uso de materiales como los chalecos anti pinchazos y anti trauma, o guantes anti corte para los vigilantes en la red, que es lo que se exigirá en el Juicio que se celebrará en la mañana de hoy, junto a la de otras medidas preventivas y estudios específicos de los riesgos.
En paralelo, exigimos reforzar la seguridad tras los ataques de grafiteros de principios de noviembre. Desde este colectivo creemos necesario también que los Partidos Políticos y Gobierno entiendan de una vez la necesidad de este colectivo sobre la consideración como agentes de la autoridad como ya sucede con los profesores y el personal sanitario. Mientras las agresiones a los vigilantes de seguridad salen relativamente baratos, los delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal, que podrían suponer penas de cárcel de hasta cuatro años y multas de entre tres y seis meses, algo que se hace ya necesario.
Metro de Madrid lleva un recorte generalizado en todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio, desde hace más de 10 años la descapitalización se acerca al 70% y eso se ha notado en el afán de reducción en determinadas partidas como en seguridad. Desde el año 2010, la inversión en vigilantes ha caído en más de un 55% (de 102 a 45 millones de euros) y ese dato sería aún más escandaloso si el servicio no se hubiera deteiorado tan rápidamente.
Informa. Javier Viñas Garcia
Coordinador de Comunicación de alternativasindical