Fiscalía abre diligencias penales contra Seguridad Integral por delito laboral
El fiscal César Casorrán cita a declarar a 3 representantes sindicales y reclama a Trabajo las infracciones de SIC y Sinergia de los 7 últimos años. Los trabajadores siguen sin cobrar y se concentrarán este lunes en
Fiscalía Provincial de Las Palmas abre diligencias contra Seguridad Integral Canaria (SIC) por un presunto delito laboral contra los derechos de los trabajadores.
El fiscal César Casorrán cita a declarar a 3 representantes sindicales y reclama a Trabajo las infracciones de las compañías SIC y Sinergia en los 7 últimos años.
Los trabajadores de SIC, que siguen sin cobrar las nóminas atrasadas, se concentrarán este lunes, 19 de enero, delante de las oficinas de la matriz Ralons, en Las Torres de la capital grancanaria.
La decisión del Ministerio Público está fechada el 16 de febrero, una semana después de que la Sección VI de la Audiencia de Las Palmas, presidida por el juez Emilio Moya, confirmara la prescripción de una condena al dueño de SIC, Miguel Ángel Ramírez, por infrigir las leyes ambientales en una construcción de su propiedad, en Arucas (GC).
El fiscal César Casorrán exige, en su escrito, las actas de infracción y liquidación de cuotas extendidas en los últimos 7 años a las sociedades mercantiles Seguridad Integral Canaria y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
La fiscalía se interesa igualmente por trasladar al Ministerio de Trabajo un oficio al Registro de Marcas y Patentes para que acredite a quién corresponde la propiedad de ambas empresas.
Respecto a las citaciones, Casorrán preguntará el próximo día 23 de febrero a los 3 delegados sindicales para que se ratifiquen en la querella presentada en septiembre del pasado año 2017.
Marcos Baiget, de Comisiones Obreras; José Ojeda, de Intersindical Canaria; y Sergio Hernández, de Alternativa Sindical, formularon escrito de acusación ante la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores en SIC.
Fiscalía en su escrito de citación a los sindicatos del SIC.
Los cuadros sindicales denuncian posible “abuso para imponer a los trabajadores a su servicio (más de 1.000 sólo en Las Palmas), condiciones laborales y de Seguridad Social que perjudican, suprimen y restringen los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales y convenio colectivo (…) cometido conscientemente, con malicia y a sabiendas“.
Según los 3 sindicatos, se han cometido “graves irregularidades en el ámbito laboral y de la seguridad social, que se considera con relevancia penal“.
La denuncia se presentó meses antes de que Seguridad Integral entrara en concurso de acreedores, a finales de diciembre.
En el relato de la denuncia a la que accedió Espiral21, se pone de manifiesto un hecho que demuestra, supuestamente, cómo un grupo de trabajadores de la empresa, menos de la tercera parte, procedió a reclamar salarios pendientes con una media de 20.000 euros por empleado, por servicios prestado entre los años 2012 y 2016.
La empresa fue condenada a reintegrar el salario a los trabajadores, pero tuvo que ser la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que le exigiera el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. A día de hoy, los trabajadores afectados habrían cobrado sólo
un tercio de la condena.
Por el contrario, más dos tercios de la plantilla (unos 600 trabajadores), no accionó el abono de las diferencias salariales ocasionándose la extinción de las reclamaciones.
Según los sindicatos, esta disyuntiva en la estrategia de los trabajadores (unos reclamaron y otros no), “tiene su explicación en la evidencia del uso del mecanismo del abuso de la situación de necesidad de los trabajadores afectados, ante la penuria de tener que percibir “algo” cada mes para la supervivencia propia y de sus familias y temerosos de perder su empleo o empeorar aún más sus condiciones de trabajo, si reclamaban“.
“El no abono de las cantidades que por convenio corresponden y no cotizar por dichas diferencias salariales, pone de manifiesto la voluntad de birlar a la plantilla y a la Seguridad Social, importantes cuantías económicas, de las que ilícitamente se apropia“, según el escrito de acusación.
Los sindicatos cuentan con la dirección letrada de Diego León, para quien “derivar al derecho administrativo sancionador situaciones de clara
ilegalidad penal, a la postre, tendrían el efecto perverso de provocar una generalizada exclusión en favor del sujeto activo — el empleador– de la
respuesta penal convirtiendo al sistema de justicia penal en un factor de multiplicación de la desigualdad, solo aplicable a la clase social que
trabaja“.
Los 3 dirigentes sindicales entienden que “la relación jurídica que existe entre las empresas Seguridad Integral Canaria, S.A., Sinergiar de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Marsegur, S.A. es la de un Grupo de Empresas no declarado, lo que la jurisprudencia denomina “grupo patológico”, siendo así que, la falta de reconocimiento expreso de tal condición suele delatar un ánimo defraudatorio de los derechos de terceros, entre otros, los de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública“.
Sinergias de Vigilancia acaba de obtener un contrato del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para cubrir los servicios en los centros de acogida de personas sin hogar. El concurso se adjudicó a la empresa de Miguel Ángel Ramírez por 628.000 euros. Todos los trabajadores deberán, eso sí, sujetarse al convenio marco de seguridad. De lo contrario, se activaría una cláusula del contrato que excluiría de forma automática al adjudicatario.
Fuente:
http://espiral21.com/fiscalia-abre-diligencias-penales-seguridad-integral-delito-laboral/