<<Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen>> ( Honoré de Balzac)
Dicen que un panal de rica miel… Los hoy todopoderosos Kennedy se hicieron ricos y honorables saltándose las restricciones de la ley seca. La química alemana Bayer se hizo una potencia en el sector vendiendo el gas zyklon con que los nazis asfixiaban a los judíos durante el holocausto, y hoy encarna a uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo, el Bayer Leverkusen. A los triunfadores no se les mira el diente, solo el talonario.
La crisis desatada por el Covid-19 también tiene sus depredadores. Y no solo entre los oportunistas y mercenarios que aprovechan las circunstancias para lucrarse traficando con los EPIs (Equipos de Protección Individual: mascarillas, test, respiradores, batas, guantes) o cualquier otro de material sanitario necesario para combatir la pandemia. Hay otros aprovechados que están entre nosotros, asimilados, al margen de los circuitos opacos en que se mueve la criminalidad organizada con licencia para especular. Son aquellas instituciones dignas de ninguna sospecha que usan la legalidad para sus impresentables fines. A menudo con el visto bueno de las propias autoridades, cuando no precisamente gracias a su dilecta complicidad, por acción u omisión. Altruistas de reconocido prestigio que brillan como agentes sociales <<representativos>>. Es el caso de la actuación de los sindicatos pretendidamente mayoritarios (la afiliación en España es del 13,7% de la población activa, el mínimo histórico).
Para empezar tenemos tres sindicatos, autodenominados de clase, negociando durante 30 años nuestro convenio colectivo sectorial, donde en todos y cada uno de los convenios firmados hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Cuando ya estaban a punto de sentarse a negociar el nuevo convenio colectivo que tampoco rondaría nada superior a lo que se baraja hoy ( entre un 0,5 y un 1% ), vino la pandemia, y por consenso entre los máximos responsables de CCOO, UGT y USO vieron el cielo abierto para negociar nuevamente a la baja otro convenio colectivo a razón siempre de lo que les dicte la única patronal que negocia, APROSER.
Que nadie se lleve a engaño. El convenio no superará el 1% y tampoco será de más de un año. Ya está todo pactado y la crisis del Covid 19 es la nueva excusa y negocio para todas las partes donde nuevamente perderemos los trabajadores.
No en vano ya en época de bonanza, estos sindicatos sólo fueron capaces de firmar una subida del 2% anual, incluso por debajo del IPC de aquellos años que se situaba en el 2,6%.
Las previsiones para 2021 son de entre el 0,6% y del 1% según el Banco de España y ya la patronal pide de entrada un 0,5%, y estos maravillosos sindicatos no serán capaces de subir del 1%, por que es lo que ya está pactado. Es decir seguiremos perdiendo o en el mejor de los casos no superaremos la previsión del IPC.
MENUDO NEGOCIO EL COVID 19
Allá por el mes de marzo-Abril, UGT, CCOO y, el gobierno aprobó <<prohibir los despidos>>, según la expresión literal utilizada por la ministra en la rueda de prensa donde anunció la medida, acaparando los titulares de la prensa y las cabeceras de los informativos de radios y televisiones. En realidad se trataba de una interpretación ideológica sobre algo menos contundente y más doméstico. Lo que se había decretado era que mientras durara la crisis del Covid-19 no se podría usar la modalidad de despido procedente con una indemnización de 22 días/año, como figuraba en el ET, sino que habría que aplicar una tarifa mayor, de 33 días/año, correspondiente a lo que se establece para los improcedentes. En una palabra, se encarecía el coste del desempleo forzoso, ya que el despido seguía siendo libre solo que pagado. Al mismo tiempo, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que desarrollaba la medida, disponía procedimientos para facilitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) mejorando la cobertura de las percepciones económicas para el afectado.
Todo ello con la idea de que con dicho sistema (uno de los aspectos incorporados a las contrarreformas anteriormente impugnadas) se evitara que durante la hibernación económica las empresas utilizaran la fórmula expeditiva de extinción de los contratos.
Y así llegamos al nudo de la cuestión. Resulta que en la famosa <<letra pequeña>> de la ley aprobada para mejorar la vida de los afectados por los ERTE y <<que nadie se quede atrás>>, se incluyó una novedad de parte, inquietante por sus efectos perversos y poco democráticos en lo referido al derecho de participación de los trabajadores en las empresas. Al margen de ello UGT, CCOO y USO firmaron todos y cada uno de los ERTES que las grandes empresas les fueron poniendo encima de la mesa. Sin expectación. No impugnaron ni un ERTE. Por contra cada negociación de ERTE o ERE conlleva subvenciones a estos sindicatos. Hecha la Ley, hecho el negocio.
Pues bien, en la disposición de marras, y con la nocturnidad y alevosía que conlleva el confinamiento y el shock por la pandemia, la autoridad competente había colado en comandita con las direcciones de CCOO y UGT una suerte de donde <<dije Diego digo digo>> en el ámbito de la normativa laboral aplicable. En concreto, en el apartado donde se decía que para la negociación de medidas colectivas sin representación sindical primaría la voluntad de los trabajadores (una comisión de 3 miembros) y en su defecto la de los sindicatos más representativos en el sector, se dio la vuelta como un calcetín dejando ese privilegio a las centrales y solo en caso contrario a los propios empleados (art.23-1 a) RDL 8/2020, de 17 de marzo). En lo cualitativo, el orden de los factores siempre altera el producto. Así, de una tacada y mientras dure el actual interregno, se promocionara a Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores pasando a tutelar los ERTE de la mayoría de las empresas del país, cuando su representación estadística probada no alcanza al 14%.
La cosa no pasaría a mayores si los ERTE, que ya alcanzan a unos 4 millones de trabajadores, fueran coyunturales y cuando escampe todo los que ahora <<lo disfrutan>> recuperaran sus trabajos sin merma de condiciones salariales o laborales. Pero la experiencia de la pasada crisis, y lo que prevén los analistas más rigurosos, es que eso no sea así ni de lejos. Dado el sector del que estamos hablando, en un gran número de casos los ERTE se tornaran en ERES y con ellos despidos sin vuelta atrás. Y aquí es donde está la miga. Un sindicalismo de pacto con el gobierno y la patronal, volcado a la subvención pública y el costoso espantajo de sus miles de liberados, con una escasísima representación general que disimula con alguna implantación en las grandes empresas, de la noche a la mañana podría aparecer comisionando por derecho propio ese universo laboral donde CCOO y UGT brillan por su ausencia.
Además también se abre ante CCOO y UGT la posibilidad, si se cumplieran los peores augurios, de gestionar los ERE venideros en el sector. Es decir, las extinciones definitivas de contratos por 33 días/año en los improcedentes y su otra variante en los fallados nulos. Este apartado, como es sabido, es una de los filones del que dichas centrales nutren sus finanzas. Lo llaman <<asesoramiento jurídico y técnico>> y se cobra un promedio de entre el 10% y el 15% sobre la indemnización estipulada. En los momentos de mayor destrucción de empleo supuso cerca de 80 millones al año para las centrales. Durante la crisis del 2008 un total 953.331 personas computaron en un ERE, con una tarifa media para los gestores de 250 euros por cabeza. En esos años, para atender a la ingente demanda, CCOO contrató temporalmente a 400 abogados laboralistas y UGT a 360.
Disfruten lo que pagan y votan.
Alberto Garcia Martínez
Coordinador comunicación Estatal de alternativasindical