Alternativasindical ha registrado ante la Delegación de Gobierno comunicación de manifestación protesta, que se celebrará el próximo día 27 de febrero a las 11 horas ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que precederá a una próxima convocatoria de huelga en todo el territorio Nacional en los centros penitenciarios, todo ello de no revocar el plan avanzado por parte del Secretario General de Instituciones Penitenciarias con el fin de sustituir los vigilantes de seguridad por agentes de la Guardia Civil supondrá la pérdida de 800 puestos de trabajo de personal cualificado por agentes que tendrán que formarse en dichas tareas, pues los que anteriormente las desarrollaban ocupan nuevos destinos desde hace años.
Esta medida adoptada por el Gobierno, se debe entre otras cuestiones al conflicto que mantiene el Ministerio que dirige Grande Marlaska y cuya razón de ser, entre otras medidas, son los 123 millones de euros que reclaman los funcionarios de prisiones a repartir entre los ejercicios 2019 y 2021 (subida que en su momento fue aprobada para luego dar marcha atrás). Es decir, que no llega a 40 millones anuales, y que ahora quiere ser compensado dejando en el paro a más de 1.000 trabajadores de seguridad privada que prestan hoy servicios en las carceles Españolas.
Como ya hiciera el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien avanzó esta decisión mediante comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso. El plan para sustituir a vigilantes de seguridad por guardias civiles en las prisiones después de la valoración positiva realizada por el ministerio del Interior desde el año 2016, no puede más que obedecer a presiones políticas y estrategias electorales, que nada tienen que ver con la seguridad o rendimiento que estos profesionales de seguridad privada vienen ofreciendo en los centros penitenciarios. Desde alternativasindical exigimos que el gobierno de marcha atrás en sus intenciones y que los distintos partidos políticos se opongan a una eliminación de empleo sin sentido, que tampoco supondrá un aumento en las plazas de opositores del Instituto Armado, como ya se ha comprobado cuando sí estaba estos centros a cargo de este colectivo.
Las 67 prisiones que existen en toda la geografía española que cuentan hasta ahora con vigilantes de seguridad privada para llevar a cabo labores que hace años eran función exclusiva de la Guardia Civil, como el control de la sala monitores o el de los accesos a los recintos penitenciarios ha sido todo un éxito, y un aumento en el empleo en un sector a la baja de casi 1.000 trabajadores.
De llevarse a cabo, la mayor parte de la formación para estas funciones tan especificas, la tendrían que realizar los propios vigilantes a los Guardias Civiles antes de abandonar los centros, ya que es la única forma de aprender los protocolos y tareas específicas propias de su nueva labor.
Ya en en el año 2016, cuando se llevó a cabo esta medida, tanto el gobierno como el Instituto Armado afirmaron que la sustitución de estos por vigilantes no conllevaría ni a la postre conllevó, la reducción de la plantilla de guardias civiles, por lo que podemos afirmar que esto solo obedece a presiones de los sindicatos de clase y de funcionarios como son UGT, CCOO y CSIF que llevan años reclamando la salida del colectivo de vigilantes de seguridad de cualquier espacio público.
Alberto Garcia Martínez
Coordinador Nacional de Comunicación de alternativasindical
Se adjunta comunicación de concentración el día 27 de febrero
