En Barcelona, a 13 de mayo de 2019
La contratación de los llamados “Agentes Cívicos” realizando las funciones propias de los vigilantes de seguridad y en la vía pública es ilegal y desde este sindicato ya ha sido denunciado ante el ministerio del Interior.
El servicio de seguridad que recientemente ha comenzado a funcionar en la zona de locales de la plaza Real, mediante la contratación de los llamados “Agentes Cívicos” es ilegal y contraviene lo dispuesto en los artículos 9 y 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Dichas funciones, en cualquier caso, deben ser efectuadas mediante vigilantes de seguridad, y nunca, como es el caso que nos ocupa, por mediación de controladores de acceso.
Entendemos que la Asociación de comerciantes de plaza Real no puedan ser conocedores de la Ley de Seguridad Privada y dejen engañarse por empresas de controladores que venden sus servicios cual empresa de seguridad sin tener la autorización correspondiente por parte del ministerio del Interior para desempeñar las mismas funciones que una empresa de seguridad privada. Aunque el Ayuntamiento de Barcelona, como cualquier administración pública, sí conoce la Ley de Seguridad Privada y nunca debió permitir la contratación de esa empresa de controladores que está efectuando funciones de seguridad pública y privada, desde hace unos días, por la zona de locales de la plaza Real.
Así las cosas, el equipo de gobierno municipal dirigido por la alcaldesa Ada Colau está permitiendo, mediante un grado elevado de irresponsabilidad política, así como de un ejercicio de insensatez importante, fomentar el intrusismo en el sector de la seguridad privada autorizando la contratación de empresas de servicios para efectuar labores de vigilancia y seguridad, y por ende, poner en riesgo también a trabajadores de la zona y a los propios ciudadanos barceloneses, así como al turismo de la ciudad.
Dichas funciones sólo pueden ser desempeñadas mediante agentes de la Guardia Urbana, Mossos d’Escuadra o mediante la contratación de una empresa de seguridad privada con vigilantes de seguridad. De ahí, que desde esta organización sindical hayamos interpuesto la correspondiente denuncia ante la Dirección General de la Policía como órgano directivo del ministerio del Interior y quien mantiene las competencias en el control de las empresas de seguridad privada y su personal.
Adjuntamos denuncia interpuesta.
Coordinadora Ejecutiva Federal de alternativasindical Catalunya
