• La empresa pública incumple así los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo que impulsó el Ministerio de Fomento.
• Vuelve a poner en situación de vulnerabilidad a los más de 6.000 vigilantes de seguridad privada que trabajan en las instalaciones de AENA.
Madrid, 6 de abril de 2017. Desde Alternativa Sindical queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación de los trabajadores de la seguridad privada que realizan sus funciones en el ámbito aeroportuario. La licitación para los servicios de seguridad privada que depende del área dirigida por Javier Marín, va a contratar 100% a precio y mediante subasta a las empresas que pasen el umbral de solvencia y técnico.
Esto va en contra de lo acordado por el Grupo de Trabajo que impulsó el Ministerio de Fomento, ya que según se especifica en el punto 2.1 del acuerdo los criterios relacionados con la calidad representarán, al menos, el 51% de la puntación asignable en la valoración de las ofertas. Ante esta situación, consideramos que los avances prometidos en aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones del trabajo, la productividad y las condiciones laborales y salariales han caído en saco roto.
Igualmente, se verán amenazados los pluses acordados tras el conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y que se trasladaron al resto de aeropuertos a través del Acuerdo del Grupo de Trabajo. En concreto, el plus vinculado al desarrollo de su actividad efectiva en los aeropuertos proporcional a la jornada en ese centro, el plus para operadores de rayos X en filtros y el plus de rotación.
Con ello, AENA está generando una situación de absoluta irresponsabilidad, tanto para los más de 6.000 vigilantes de seguridad que desarrollan sus funciones en las instalaciones del gestor aeroportuario como para los propios usuarios de los aeropuertos que demandan servicios profesionales de calidad.
En Alternativa Sindical estamos seguros de que, si se hubiera aplicado la nueva ley de contratos públicos, se habría asegurado la calidad en la contratación de la seguridad. Sin embargo, ahora se da la situación de que haya empresas optando a contratos que pueden llegar a suponer 30 veces su facturación anual. Un escenario que a todas luces es completamente inasumible.
Este sindicato va a seguir trabajando para defender los derechos de los vigilantes de seguridad de los aeropuertos. Como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, es reprobable que sea la propia administración pública la que esté generando precariedad laboral en el sector de la seguridad en base a adjudicar licitaciones con el único criterio del precio.
Instamos al departamento dirigido por Javier Marín, máximo responsable de esta situación, a que rectifique la misma que tiene como víctima principal a los 6.000 compañeros que ejercen su profesión en instalaciones de AENA.
Alberto García Martínez
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En Madrid, 3 de abril de 2018.
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