Los compañeros del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) empiezan a sufrir los estragos de la entrada de esta empresa. Son las instalaciones de distintos organismos dependientes los ministerios de Sanidad, Economía y Empleo que vigilará Novo Segur (antigua Marsegur), una empresa cuyo convenio colectivo ha sido declarado ilegal de forma definitiva por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. Los contratos de seguridad de estos centros, que suman algo más de dos millones de euros, se han adjudicado o formalizado después que el máximo órgano legislativo hiciera pública la sentencia.
Las nuevas adjudicaciones no incumplen la ley de contratación actual, pero van en contra de las cláusulas sociales de contratación, difundidas como recomendaciones el pasado verano a la espera de que entren en vigor en marzo. El mismo Congreso de los Diputados pidió al Gobierno, a través de la Comisión de Defensa, que se dejara de trabajar con esta empresa. Pese a ello las Administraciones siguen asignando contratos a las empresas piratas del Grupo Ralons, sin tener en cuenta el drama que viven ya cientos de compañeros en toda España.
Luis Miguel Linares Guirao
Coordinador de Accion Sindical de la Federación de Murcia.
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