Alternativa sindical ha criticado el comunicado lanzado desde La Asociación de Guardia Civiles AUGC donde hace escasos días criticaba la privatización de la seguridad en las carceles y exigía que los puestos descubiertos por el conflicto de impagos sufridos por los vigilantes de OMBUDS, fueran suplidos por Guardia Civiles en situación de reserva.
Hace escasos días también, el Consejo de Ministros ha acordado licitar un nuevo contrato de 64 millones de euros por dos años para contratar cerca de mil vigilantes de seguridad para las prisiones
Hay que recordar a esta asociación que lo que exige la AUGC es meter a Guardia Civiles prejubilados ( denominado situación de reserva ) que rondan los 60 años de edad, con la única finalidad de que los mismos con pocos días de trabajo remuneren un complemento mayor, lo que duplicaría el gasto de la Administración en la seguridad de las prisiones con un personal que se ha acogido voluntariamente a la prejubilacion.
La privatización parcial de la seguridad de los Centros Penitenciarios ha ofrecido no solo un ahorro notorio a las arcas públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el salario medio de un agente de seguridad privada ronda los 1.200 euros, si no que también ha dado unos resultados sobresalientes.
Este servicio se privatizó parcialmente se empezó con el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. El proyecto fue el compromiso y necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un ahorro económico. También la medida ha permitido destinar a funciones operativas al millar de guardias civiles que dejaban de realizar las tareas que asumían los vigilantes.
En mayo de 2013 se puso en marcha el proyecto piloto en 21 cárceles, lo que supuso entonces un desembolso inicial de 7,3 millones. Se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, se terminó prolongando ocho meses más con el consiguiente coste añadido. En octubre de 2014 se inició una segunda fase de la privatización de las cárceles. En ella se incluyó a las entonces 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior —en el último contrato se ha sumado el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), la última inaugurada— y se hicieron 550 nuevas contrataciones. El importe de aquel contrato se elevó entonces a los 33,3 millones al año. Desde entonces, el Gobierno del PP fue licitando los nuevos concursos.
En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.
Estos contratos con la seguridad privada por tanto han liberado y amortiguado déficit de agentes en ambos cuerpos policiales y un ahorro presupuestario importante para rel Estado a la hora de cubrir con funcionariado público la seguridad de las Prisiones.
No en vano ya el propio Gobierno Socialista, crítico también en su día con la privatización, ha lanzado un nuevo concurso público para la seguridad privada en las carceles que contempla ya una posible prórroga por otro año. El contrato ha sido dividido en cinco lotes que agrupan las prisiones por su situación geográfica.
Alberto Garcia Martinez
Departamento de comunicación de alternativasindical
Madrid, 4 de agosto de 2019