Nuevo revés para el sector de la seguridad privada después de conocerse que la empresa Phoenix ha presentado concurso voluntario de acreedores, lo que afectará a la totalidad de la plantilla en el ámbito nacional, o lo que es lo mismo, unas 800 personas que desempeñan su labor profesional en la citada empresa de seguridad privada en diversos puntos del territorio nacional, como queda recogido en el Auto de fecha 17 de septiembre de 2025 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona.
Concurso voluntario de acreedores que llama poderosamente la atención ya que Phoenix cerro el ejercicio contable del pasado año 2024 con un beneficio que superaba los 800.000 euros así como un EBITDA del 4%, cifras que mejoraron durante el actual ejercicio de 2025, lo que hace que la medida de Hacienda sea cuanto menos cuestionable y más si cabe ante la negativa a la Mercantil a cualquier tipo de negociación sobre esta medida.
Ahora, a la espera de los acontecimientos que sucedan a partir de la fecha, el motivo que ha provocado que la empresa de seguridad privada Phoenix haya presentado concurso voluntario de acreedores, se debe a la derivación a la propia mercantil por parte de la Delegación de Hacienda en Madrid durante el es de abril de 2025, de una deuda generada por un tercero unida a la adopción de medidas cautelares con afectación directa a antiedades bancarias y propios clientes.
Curiosamente y de forma simultánea al Concurso presentado por la Mercantil, otra empresa del sector ha presentado una oferta para la adquisición de la unidad productiva asumiendo la continuidad de la totalidad de la plantilla vinculada laboralmente hasta la fecha en Phoenix y haciéndose cargo a su vez, de las deudas que pudieran generarse.
Alberto garcía, portavoz nacional de Alternativa Sindical lamenta que «esto es algo que se repite en muchos casos con unos grandes perjudicados, que no son otros que los trabajadores de las empresas de la seguridad privada que parece que están siempre en la cuerda floja ante este tipo de acciones y especulaciones que poco ayudan la estabilidad del profesional del sector de la seguridad privada».
Un nuevo concurso de una empresa de seguridad privada que sirve para mostrar una vez más la fragilidad de un sector dejado en muchos aspectos, donde determinadas empresas concurren al mismo, especialmente en los contratos públicos con el objetivo exclusivo de incrementar su facturación sin ningún parámetro que garantice la calidad de sus servicios ni blindar las condiciones de empleo y condiciones laborales de sus plantillas.
El administrador judicial debe agilizar el expediente desde la intención inequívoca del mantenimiento del empleo de las personas que desarrollan su labor profesional en la empresa, que son los más afectados y a la vez, los menos culpables de esta ‘rocambolesca’ situación, así como los menos culpables de estas presuntas actuaciones llevadas desde Hacienda y desde las instancias empresariales en una actuación cuanto menos llamativa.