Nuevo varapalo para la empresa Garda Servicios de Seguridad SA, después de que haya sido sancionada por la Inspección de Trabajo de Valencia, tras la denuncia de Alternativa Sindical y constatar un incumplimiento flagrante del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Un riesgo que conlleva en infraestructuras críticas y sedes judiciales de la Generalitat Valenciana. Resulta especialmente alarmante que estos incumplimientos se produzcan en una empresa que ostenta la gestión de seguridad de servicios estratégicos ya que hay que recordar que la empresa Garda Servicios de Seguridad SA es actualmente la adjudicataria de los contratos de seguridad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), así como de las sedes y edificios judiciales de toda la Comunitat Valenciana.
La resolución de la autoridad laboral ratifica las denuncias del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de la Seguridad Privada de que la empresa ha fallado en su obligación legal de garantizar una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva para sus trabajadores.
Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, ha sido tajante al respecto sobre lo sucedido: «Es inaceptable que una empresa que protege centros de alta sensibilidad, como los juzgados o la red de transporte metropolitano, ignore de forma tan temeraria la Ley de Prevención de Riesgos». Y añade: «El Artículo 19 de la LPRL obliga a dar formación específica para cada puesto; no hacerlo pone en peligro tanto al vigilante como la integridad del servicio que se presta en estos centros».
Esta sanción, es sin duda, un aviso y toque de atención a las Administraciones Públicas como reconoce el propio portavoz de Alternativa Sindical. «Desde el sindicato se insta a la Generalitat Valenciana a tomar nota de estas sanciones de cara a las condiciones de ejecución de los contratos. Las adjudicaciones de seguridad deben garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa laboral».
Y no duda en mandar un aviso para navegantes. «No se puede confiar la protección de los ciudadanos y de los edificios judiciales a una entidad que ha sido sancionada por no proteger adecuadamente a su propia plantilla».
Exposición que argumenta de forma detallada: «La formación es el primer escudo del vigilante y Garda ha dejado a sus empleados desarmados ante el riesgo en entornos críticos». El propio Alberto García advierte que «no vamos a permitir que la seguridad de los trabajadores se vea comprometida por una gestión que descuida los pilares básicos de la prevención».
Con respecto a las acciones futuras que tienen previstas desde el sindicato denunciante destaca que «Alternativa Sindical continuará ejerciendo todas las acciones legales y de presión necesarias para que Garda Servicios de Seguridad SA rectifique de inmediato su política de formación».
Para ello reconoce que «el sindicato vigilará estrechamente que esta sanción se traduzca en una mejora real y efectiva de las condiciones formativas de toda la plantilla en la Comunitat Valenciana para que los profesionales del sector de la seguridad privada tengan unas condiciones acordes a la gran labor que realizan».