El juez acredita que PwC se lucró de un contrato fantasma a cambio de financiar al PP de Madrid.
El ex consejero delegado de la empresa pública ICM, José Martínez…
El ex consejero delegado de la empresa pública ICM, José Martínez Nicolás, tras declarar ante el juez. SERGIO GONZÁLEZ
Cree que González infló un contrato a la consultora a cambio de que financiara al PP
La multinacional habría contratado a familiares de cargos del Gobierno regional
La Comunidad de Madrid falseó y manipuló un contrato público de seis millones de euros para beneficiar a la consultora PwC. A cambio, la multinacional habría financiado al PP madrileño y habría colocado en su plantilla a familiares de cargos del Gobierno regional, según los datos de que disponen los investigadores de la operación Lezo. El juez atribuye un papel clave a Ignacio González, que en el momento de los hechos era vicepresidente autonómico.
La ilegalidad se cometió al seguir pagando la Administración regional a PwC un contrato ya vacío de contenido a través de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), tal y como denunciaron varios testigos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llevó a cabo la operación bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El magistrado incluyó los hechos, en el auto en que dictó prisión incondicional para Ignacio González, bajo el epígrafe «Financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid». De aquel contrato habría salido el millón de euros que pidió González para el PP.
El testimonio sobre el que el juez y la Guardia Civil se apoyan para sostener la acusación es valioso: se trata de la declaración del subdirector general de ICM durante aquellos años, Silvano Corujo. Éste, como señala Velasco, fue «testigo privilegiado de los hechos puesto que formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia [ICM]». Corujo señaló que hubo «contratos inflados» entre ICM y las mercantiles Indra y PwC. Este segundo caso ya había sido denunciado por UPyD.
Según la información de que disponen tanto la Guardia Civil como Velasco, a finales de 2010 ICM licitó y adjudicó tres contratos. Dos de ellos para la modernización de los sistemas informáticos de la Comunidad y para la implantación de SAP, y otro para la creación de una oficina de coordinación de los trabajo. Éste último, por valor de algo más de cinco millones, después ampliados a seis, fue para PwC.
El contenido y la asignación presupuestaria del contrato dependía de que las otras dos licitaciones se ejecutaran, pero eso no sucedió: uno de los dos contratos, el referente a la modernización de los sistemas de Recursos Humanos, fue resuelto en 2012. No había manera de seguir adelante.
La mitad de esas labores ni siquiera se iban a realizar, pero el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, según han denunciado testigos privilegiados, maniobró para que PwC cobrara igualmente. Buscó técnicos que avalaran el enjuague, les forzó a firmar informes en ese sentido y, según esta versión, persiguió a quien se opuso a sus designios. De ahí, a través de PwC habría sido desviado un millón de euros para financiar al PP.
Este periódico ya ha ilustrado cómo de la declaración de Corujo se desprende la progresiva degradación de su vínculo con Martínez Nicolás. Éste, según esta versión, había sido un honesto consejero delegado desde que ambos llegaron a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid en 2007.
Sin embargo, una reunión en la Asamblea de Madrid había cambiado drásticamente su manera de ejercer la autoridad. En aquella cita, de 7 de junio de 2012, Ignacio González le había pedido que un millón de euros de dinero público asignado a ICM fuera desviado al PP para sanear las cuentas de la formación tras el esfuerzo electoral de 2011. Y Martínez Nicolás, según esta versión, había claudicado al recibir día sí día también llamadas en su móvil, directamente, del entonces vicepresidente Ignacio González.
Martínez Nicolás incluso se acostumbró a puentear al presidente orgánico de ICM, Salvador Victoria, nuevo vicepresidente de la Comunidad. Y de paso, como denunció también UPyD, PwC contrató a varios familiares de altos cargos de la Comunidad. Así, según publicó en su día EL MUNDO, la multinacional contrató como autónoma a la mujer de Diego Lozano, jefe de gabinete de Ignacio González; como consultor a un hijo del propio Martínez Nicolás; y también a un hermano de la gerente del IMIDRA, otro organismo de la Comunidad de Madrid. Contrató también a la mujer de Borja Sarasola, entonces consejero de Medio Ambiente.
PwC asegura que la ampliación del contrato se produjo porque la adjudicataria de modernización de sistemas que sí quedó vigente se retrasó en sus trabajos y ello obligó a prorrogar la oficina de proyectos. Afirmó que su inclusión en la operación Lezo es «una confusión, un error». «Estamos colaborando con el juez y estamos seguros de que, cuando analice la documentación facilitada, se verá que no hay la más mínima irregularidad, y mucho menos de financiación de ningún tipo ni al PP ni a ningún partido».
Fuente: Diario El Mundo
